El municipio rechazó una mediación por la ocupación ilegal de tierras en Parque Industrial

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El gobierno municipal rechazó un pedido del fiscal Marcelo Silva para acceder a una mediación con quienes están ocupando ilegalmente un predio propiedad de la comuna en la zona de Parque Industrial.

Así lo confirmó el propio intendente Horacio Quiroga, quien dejó en claro que “acá no hay mediación posible porque claramente hay personas que están cometiendo un delito, un Poder Judicial que ya emitió una orden de desalojo, y una policía que no la cumplió y todavía no se sabe por qué”.

“Es evidente que se actúa naturalizando el delito, se buscan artilugios y excusas para no llevar adelante el desalojo, y convocan al municipio a una mediación con quienes están usurpando tierras que son propiedad del Estado municipal”, dijo el jefe comunal, enfatizando que “participar de una mediación sería avalar un delito y no lo vamos a hacer”, señaló Quiroga.

A través de su representante legal, Javier Pino, el municipio formalizó hoy la presentación ante el fiscal Silva, donde dejó constancia que “rechaza expresamente esta instancia de mediación, en razón de los intereses públicos comprometidos que exceden los hechos de los particulares que deciden incurrir en el delito de usurpación de inmuebles de patrimonio municipal”.

“Peticiono nuevamente para que se emitan los actos idóneos para hacer cesar los efectos del delito y se materialice la orden de desalojo de las tierras municipales”, dijo el letrado en el escrito elevado a la fiscalía que interviene en la causa.

Pino informó además que en el marco de la causa judicial existió una presentación de la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) a través de la cual se explicó que “existe riesgo para la vida de las personas que se encuentran allí apostadas” y que “existe un incumplimiento a las regulaciones de seguridad del ENARGAS para la población”.

Esto porque la usurpación se encuentra ubicada sobre el gasoducto de alta presión que transporta gas entre Challacó y Bahía Blanca.

En el escrito presentado por TGS se explica que “la actividad de transporte de gas natural por gasoducto es un servicio público, razón por la cual el riesgo que implican las construcciones dentro de la zona de seguridad, pone en peligro la prestación de ese servicio público”.

Por este motivo, la empresa solicitó al fiscal Silva que “se dispongan las medidas necesarias tendientes a impedir la construcción y el emplazamiento dentro de la zona de restricción del gasoducto y proceder de inmediato a la urgente demolición de cualquier obra ya ejecutada, disponiendo a tal fin el auxilio de la fuerza pública y demás medidas que el Sr.Fiscal estime correspondan”.

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